jueves, 27 de abril de 2017
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LA GRAN DESMEMORIA… Imprimir E-Mail

LA GRAN DESMEMORIA… DE PILAR URBANO

por Roberto Muñoz Bolaños,doctor en Historia y autor de la tesis La involución militar durante la Transición: el golpe de estado del 23-F.

La obra de Pilar Urbano, La gran desmemoria: lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, ha provocado una enorme sacudida en la opinión pública, alcanzando incluso a la clase política y a la Jefatura del Estado, ya que su autora supuestamente ha desenmascarado el episodio más oscuro de la Transición -el golpe de Estado del 23-F-, utilizando como fuente principal el testimonio del ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Pero más allá de esta pretensión y contemplada historiográficamente, la obra presenta tres importantes problemas: su dudosa metodología, su desconocimiento de las Fuerzas Armadas del periodo 1975-1981, y su erróneo planteamiento del golpe de Estado del 23-F.

La metodología empleada se aleja completamente de los cánones académicos propios de la historia, y presenta cuatro defectos de singular importancia:

1. Ausencia de cualquier tipo de crítica sobre las fuentes utilizadas. A título de ejemplo, da por cierto el supuesto episodio en el que cuatro tenientes generales amenazaron a Suárez en el palacio de la Zarzuela (pp. 566-570), sin indicar que el propio Suárez, antes de que la enfermedad nublase definitivamente su memoria, negó hasta la saciedad el incidente.

2. Cita fuentes que no ha consultado y, lo que es más llamativo, que no existen. Entre ellas, la carta que el Rey envió a Suárez el miércoles 6 de abril de 1977, anunciándole la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, si se legalizaba el Partido Comunista. Carta que la propia autora admite no haber visto nunca y que Suárez no sabe donde puede estar. Sin embargo, Urbano es capaz de reconstruirla íntegramente gracias a la excelente memoria del ex presidente del Gobierno (p. 289).

3. Reconstrucción de hechos históricos a partir de fuentes donde esos acontecimientos no están relatados. Por ejemplo, se reconstruye la conversación entre el teniente general Milans del Bosch y el general Armada, del 10 de enero de 1981 en el edificio de la Capitanía General de Valencia, apoyándose supuestamente en el sumario y en la vista oral de la causa 2/81, instruida tras el fracaso del golpe de Estado. Urbano dedica siete páginas del libro a esta conversación (pp. 539-545); en el sumario se despacha en poco más de un folio.

4. Recreación de acontecimientos históricos sin apoyarse en ninguna fuente. Así, la supuesta conversación entre el Rey y Suárez el 24 de febrero de 1981, tras el final del golpe de Estado. En ella, según Urbano, el rey, además de llamar “cabrón (sic)” a Suárez, le comunicó que durante la noche del 23 al 24 de febrero se había visto obligado a decir a un “laureado teniente general”, en referencia a Milans del Bosch, que “ni abdico ni me voy” (pp. 701-705). El Rey conocía perfectamente que Milans no estaba en posesión de la cruz laureada de San Fernando, lo que hace pensar que esta conversación, que si bien tuvo lugar, no se desarrolló en los términos que la autora indica.

El palmario desconocimiento de las FAS españolas en este periodo que demuestra Urbano queda patente en tres hechos:

1. El empleo de explicaciones simplistas y no comprobadas. En este sentido, llega a afirmar que el Ejército estaba dividido en dos grupos: de un lado, los coroneles y generales, partidarios del mantenimiento del Franquismo, y de otro, el resto de jefes y oficiales, favorables a la democracia (p. 49). Análisis que, además de no ajustarse a la realidad, no apoya en fuente alguna. Igualmente, sostiene que el general Gutiérrez Mellado, el militar más importante de la Transición, carecía de prestigio en el Ejército por haber sido “espía” (p. 32). Si hubiera consultado las fuentes disponibles sobre su trayectoria militar, o, más sencillo, las memorias del coronel San Martín, perteneciente al sector Azul o falangista del Franquismo, habría comprobado que Gutiérrez Mellado era, en 1975, un militar muy prestigioso, tanto entre sus compañeros de armas como entre la clase política franquista de ideología reformista.

2. Reiterados errores a la hora de identificar correctamente a los implicados en el golpe de Estado, pese a que la autora asegura haber leído el sumario y el acta de la vista oral de la causa 2/81. Para ella, Milans del Bosch era “artillero” y, como ya se ha visto, estaba en posesión de la “gran laureada de San Fernando” con la que “pisaba fuerte” (pp. 539-540). En realidad, Milans pertenecía al Arma de Infantería y, como ya se ha dicho, no poseía la laureada, sino la medalla militar individual. Por otra parte, es erróneo denominar “gran laureada de San Fernando” a la gran cruz laureada de San Fernando, condecoración que sólo tenía Francisco Franco en la segunda mitad del siglo XX.

3. Confundir la cronología de determinados acontecimientos de gran importancia en aquel periodo. Por ejemplo, el nombramiento de teniente general Gabeiras como jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), que provocó un auténtico conflicto en el seno de las FAS, no tuvo lugar en 1977, sino en 1979 (p. 372).

4. Llamar Mirage, célebre avión de ataque supersónico francés de la década de los sesenta, a los pequeños reactores del Ejército del Aire utilizados para los desplazamientos oficiales del Rey, del presidente y de los ministros (p. 559).

No obstante, la parte más polémica de la obra es sin duda la dedicada al golpe de Estado del 23-F, donde la autora, desarrolla su propia tesis del golpe, apoyada en los siguientes vectores:

1. El golpe del 23-F hay que situarlo en el contexto de la crisis global que vivía España a partir de 1979: crisis económica, crisis política, azote del terrorismo.

2. Su origen estaba en la llamada Solución Armada, operación encabezada por este general y dirigida a convertirle en presidente del Gobierno mediante una moción de censura apoyada por los principales grupos parlamentarios (pp. 494-6).

3. El único objetivo de la operación era expulsar a Suárez de la Presidencia del Gobierno (pp. 492-493).

4. Su planificación correspondió al Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID), donde, en 1979, se había elaborado un documento conocido como “Operación De Gaulle”, que desarrollaba la idea de un gobierno de concentración nacional, presidido por un militar (pp. 485-486). El encargado de hacerla realidad era el teniente coronel Javier Calderón, secretario general del CESID, y sobre todo el comandante José Luis Cortina, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), amigo de Armada y perteneciente a la XIV promoción la Academia General Militar, a la que también pertenecía el Rey (p. 484).

5. El Rey apoyó y amparó esta operación, facilitando su desarrollo, especialmente su aceptación por los principales dirigentes políticos. Según Urbano, su actitud obedecía a su enemistad con Suárez y al temor de que se produjera un golpe de Estado que pusiera en peligro la Corona, ya que tanto Armada como Cortina le informaron de que había varias operaciones involucionistas en marcha, que se desencadenarían en mayo de 1981 (pp. 488-492 y 532).

6. El Rey autorizó a Armada a entrevistarse con el general Milans del Bosch, de acendrada ideología monárquica, para que se encargase de detener las operaciones golpistas, mientras se culminaba la Solución Armada (p. 531).

7. Suárez, conocedor de esta operación y del papel que la Corona jugaba en ella, decidió dimitir para evitar que Armada llegase a la Presidencia del Gobierno mediante la moción de censura preparada contra él (pp. 585-588).

8. Tras su dimisión, el Rey perdió todo interés por la Solución Armada y forzó la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez (pp. 596-604). Así se lo comunicó a Armada en la entrevista mantenida el 13 de febrero de 1981 (pp. 625, 627 y 628).

9. Armada, a pesar del cambio de actitud del monarca, decidió seguir adelante con la operación, aunque con un importante cambio: su elección como presidente del Gobierno no se produciría por el mecanismo de la moción de censura, sino provocando un golpe de Estado que le permitiese presentarse como salvador de la democracia, al frente de un Gobierno de concentración nacional (pp. 635-639).

10. Esta posibilidad se la daría el asalto al Congreso de los Diputados, realizado por 200 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981 (pp. 639 y 640).

11. Tras producirse el asalto, Armada pretendió personarse en el palacio de la Zarzuela para “reconducir” la situación al lado del Rey y culminar así su proyecto: convertirse en presidente del Gobierno. El monarca se mostró favorable inicialmente a que se trasladase a Zarzuela, lo que impidió el general Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa de S. M., quien le informó que Armada estaba detrás de la acción protagonizada por Tejero (pp. 643-647).

12. A partir de ese momento, el único objetivo del Rey fue restablecer el orden constitucional y todas las dudas y retrasos que se produjeron en la consecución de ese objetivo fueron consecuencia de que la situación no estaba totalmente clarificada y de que no se querían cometer errores irreversibles. Este hecho explica, por ejemplo, la tardanza con la que se emitió el discurso del Rey en Televisión Española (pp. 673-678), y sobre todo que se autorizase a Armada a proponerse “a título personal” como presidente de un Gobierno de concentración nacional ante los diputados secuestrados por Tejero, ya que el Rey lo consideraba un instrumento válido para solventar la situación creada por el asalto al Congreso. Precisamente, esta autorización era el objetivo del general y, por tanto, la culminación de la operación desencadenada por la acción de Tejero. Sin embargo, Armada no logró su objetivo -hablar a los diputados-, porque Tejero se lo impidió, al no estar de acuerdo con la prevista composición del Gobierno de concentración (pp. 679-686).

13. El veto de Tejero hizo fracasar el golpe de Estado, liquidado en la mañana del 24 de febrero con la firma del llamado “Pacto del Capó” y el desalojo del Congreso de los Diputados por la Guardia Civil.

Para desarrollar esta tesis, que no es original, sino un remedo actualizado de la de Jesús Palacios -23-F: el golpe del CESID (Libros Libres, 2011)-, la autora vuelve a recurrir a su particular metodología, que consiste en lo siguiente:

1. Omitir cualquier acontecimiento que pueda poner en tela de juicio su tesis. Así, no habla de las operaciones puestas en marcha desde 1977 por un grupo de empresarios, militares y periodistas, procedentes de la élite franquista, con el objetivo de sustituir a Suárez por un político o empresario de ideología conservadora y dirigidas a limitar el desarrollo del sistema democrático, especialmente en el ámbito autonómico, y asegurar el papel de las empresas públicas. Estas operaciones, básicas para entender el golpe de Estado del 23-F, han sido relatadas con todo lujo de detalles en el libro de Juan María de Peñaranda, Desde el corazón del CESID (Espasa, 2012), que la autora no cita.

2. Manipular determinados acontecimientos históricos para ajustarlos a sus planteamientos. Por ejemplo, en la reunión del 18 de enero de 1981 con los impulsores de diversas operaciones involucionistas, convocada por Milans del Bosch a propuesta de Armada y mantenida en la calle General Cabrera de Madrid, tuvo dos objetivos: el primero, congelar estas operaciones y el segundo, estudiar la de Tejero -el asalto al Congreso de los Diputados- por si convenía utilizarla para que Armada fuese elegido presidente del Gobierno. Urbano omite el segundo de los citados objetivos para intentar demostrar que la Solución Armada siempre tuvo carácter legal y que sólo cambió su naturaleza cuando el Rey se desvinculo de ella a partir del 13 de febrero de 1981.

3. Faltar a la verdad a la hora de explicar determinados hechos históricos. Así, al relatar las conversaciones del Rey con los capitanes generales durante la noche del 23-F, afirma que todos se pusieron “incondicionalmente a sus órdenes para lo que fuera”; frase que no consta en las declaraciones sumariales de ninguno de ellos (pp. 652-656). Se trata de un error notable, ya que la autora se jacta de haber leído íntegramente los más de 6.000 folios del sumario.

4. Recrear acontecimientos históricos, ajustándolos a sus planteamientos, aunque sin aportar fuentes para demostrarlo. Así, a la hora de relatar la trascendental conversación del 13 de febrero de 1981, afirma, como ya se ha dicho, que el Rey se desvinculó de la Solución Armada, prohibiendo a su antiguo preceptor que siguiese adelante con sus planes. No existe fuente alguna que sustente que la conversación se desarrolló en esos términos. Por el contrario, el propio Armada, que es el único que se refirió a ella, afirmó en el sumario que solo le comunicó al Rey que cabía la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado y que sería necesario reconducirlo.

5. Oscurecer a propósito determinados hechos, haciendo difícil la comprensión del desarrollo de los acontecimientos. Así, la autora, por razones no aclaradas, no contempla las conversaciones que Cortina y Tejero, Armada y Tejero, y Armada y Milans del Bosch mantuvieron los días 20, 21 y 22 de febrero de 1981. Conversaciones que aparecen relatadas con todo lujo de detalles en el sumario y que son claves para entender lo sucedido el 23-F, ya que en ellas Armada no sólo ordenó a Tejero asaltar el Congreso de los Diputados, sino que también informó a Milans del Bosch de lo que iba a ocurrir para que éste movilizase las tropas de la III Región Militar al objeto de apoyar la acción de Tejero.

Todas estas omisiones, tergiversaciones, manipulaciones, que convierten el relato de Urbano sobre el 23-F en algo incoherente, confuso y carente de hilo conductor, permiten a la autora alcanzar su principal objetivo: acusar al Rey de ser instigador directo de la Solución Armada e indirecto del golpe de Estado, poniendo en boca del fallecido general Sabino Fernández Campo, quien evidentemente no puede desmentirlo, que don Juan Carlos era el “Elefante Blanco” de la operación golpista, el que debía culminarla (pp. 691-694).

Para concluir este análisis, solo resta hacer referencia al epígrafe titulado “Gestando la glorificación del Rey” (pp. 732-736), donde la autora hace referencia al papel de salvador de la democracia que Juan Carlos I se ganó aquella noche, fraguándose “la leyenda de Mio Cid del 23-F” (p.734). Sin embargo, al redactarlo la “desmemoria” de la autora hace que olvide el artículo que ella misma publicó en ABC, el 5 de marzo de 1981, bajo el título “La noche de un rey en vela”, del que procede este fragmento:

“Con Milans del Bosch se sucedieron distintas comunicaciones. Y es cierto que el Rey le tuteó y le llamó por su nombre, como también es cierto que le “ordenó”, sucesivamente y sin fisuras de debilidad, “la inmediata retirada de las tropas” que patrullaban por Valencia, “la salida de Tejero y sus guardias civiles del Congreso de los Diputados”, la anulación de la “proclama” de asunción de todos los poderes en la III Región. Y no menos cierto es que el Rey en alguna de estas conversaciones, seguía unas breves notas, que previamente había escrito, no para no olvidar entonces lo que debía decirle, sino para no olvidar después, ni nunca, lo que le había dicho. Hay frases elocuentes del Rey que condensan su entereza en la decisión: “Estoy dispuesto a cumplir mi mandato constitucional por encima de todo...” “Sólo así seré fiel a la bandera... y lo seré hasta el final” “No cederé... Tendréis que fusilarme” La Reina está allí. Escucha. Vive íntimamente las horas más duras del reinado. Calla. Sufre. Alienta al Rey, y a todos los presentes, con su sola presencia”.

 
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